Nuestro partido defiende la construcción de un mundo más justo, y como no podía ser de otra manera, defendemos la paz y la no violencia y somos adversarios de las guerras en todas sus manifestaciones.

Entre los principales obstáculos para la justicia, la paz y el desarrollo se encuentran el gasto militar y los conflictos militares. Un uno por ciento del gasto global bastaría para reorientar la economía y proteger a la población mundial del hambre.

 Entre los 17 puntos de nuestro programa electoral se encuentra el deber del Estado español de contribuir a la construcción de la paz. Una acción decidida en ese sentido requiere un cambio sustancial en las políticas internacionales - y en especial en relación con los países del Sur - para asegurar que se orientan a la cooperación solidaria y el desarrollo sustentable, así como a garantizar la coexistencia de los pueblos y naciones y la resolución pacífica de conflictos.

Estamos comprometidos con la eliminación de dos de las principales causas de las injusticias y las guerras: el hambre y la pobreza. Para ello, propugnamos la transformación de las prioridades dominantes en la actualidad, para asegurar que los esfuerzos internacionales y nacionales se orientan a promover el bienestar y el desarrollo humano y combatir los desequilibrios de nuestras sociedades.

Eliminación completa de las armas nucleares

Defendemos el diseño de políticas enérgicas de defensa de la sostenibilidad del planeta, además de abogar por los derechos humanos y por la defensa de la vida. Las armas nucleares vienen representando a lo largo de más de medio siglo la amenaza más atroz para la supervivencia de nuestra especie. En ese contexto, abogamos por la desnuclearización completa, pactada y supervisada, de todas las potencias nucleares.

Eliminar las armas atómicas es así mismo un requisito imprescindible para racionalizar los gastos globales en armamento, pues la existencia de los arsenales nucleares es un espolón para el gasto armamentístico en todas las latitudes - a su vez una de las causas principales de la pobreza. Por eso, desarmar a las potencias nucleares también permitiría reorientar los descomunales gastos militares hacia la inversión para los derechos humanos y el desarrollo.

Desarme proporcional y progresivo de armas convencionales

El poder militar y todas sus ramificaciones están imbricados en el ADN de las naciones modernas. Además, la complejidad de las relaciones internacionales y los conflictos de intereses hacen inviable un planteamiento de Estado que defienda activamente la desaparición completa de la industria y el comercio de armas.

Por eso, defendemos el desarme progresivo en todos los ámbitos, pero consideramos que no se dan las condiciones para proponer el desmantelamiento de las capacidades de defensa de las naciones. No obstante, la única manera de garantizar justicia y paz es la conversión gradual del gasto militar en un gasto marginal, orientado de manera exclusiva a la defensa ante potenciales agresiones.

Retiro de tropas invasoras de los territorios ocupados

Es sin duda necesario garantizar la protección de todas las naciones, cuando existen condiciones de amenaza real por parte de fuerzas armadas de un determinado país o coalición. Asimismo, deben asegurarse capacidades de intervención en situaciones de violaciones graves a los derechos humanos.

No obstante, las intervenciones bélicas han demostrado no ser la vía para acabar con las privaciones y la violencia. Las operaciones que se escudan bajo la acción humanitaria conllevan un costo incalculable en vidas humanas y destrucción de infraestructura vital para el desarrollo. Además, contribuyen a la inestabilidad regional y global y exacerban otros conflictos así como las garantías de los derechos humanos.

Por eso, debe asegurarse la consolidación de una vía diplomática fortalecida y una mayor gobernanza mundial en materia de derechos humanos - lo cual figura como uno de los puntos destacados en nuestro programa - para revertir situaciones de gravedad en el terreno humanitario. En todos los casos debe asegurarse que las medidas se orientan a ejercer presión sobre responsables directos de las amenazas, sin que afecten los derechos humanos de la población civil - que es la víctima principal de las guerras, los bloqueos económicos y otras medidas punitivas.

En ese contexto, la acción del Estado español en materia militar debe estar exclusivamente orientada por la defensa del territorio ante potenciales amenazas, y no deben realizar operaciones fuera de las fronteras, salvo en circunstancias de conflicto generalizado que así lo demandaran.

Por ello, defendemos la retirada planificada de las tropas españolas de los lugares donde se encuentran realizando operaciones militares, y que se evalúe rigurosamente su participación en misiones de paz donde a menudo la situación no responde a los argumentos que justifican su presencia.

Renuncia del gobierno a utilizar la guerra como medio para resolver conflictos a través de reformas constitucionales que prohíban explícitamente el uso de la guerra.

Es cónsono con los objetivos de PUM+J que el Estado español declare su condición de nación no agresora, para asegurar el blindaje constitucional de los planteamientos anteriores.

Redefinición del rol de las Fuerzas Armadas de hoy, estableciendo como función primordial la prevención de las guerras.

Para asegurar los objetivos de justicia y paz contenidos en la promesa de los derechos humanos universales, es necesario reducir a su mínima expresión los gastos militares de todas las naciones, empezando por España.

Una nación comprometida con la paz y la equidad requiere unas fuerzas armadas más integradas en la vida civil, dedicadas al desarrollo y la asistencia humanitaria en lugar de haciendo maniobras para la guerra.

El Estado debe limitar la relación con la industria nacional de armas al mantenimiento de capacidades de unas fuerzas armadas reducidas, y reorientadas a la prevención, la asistencia humanitaria y el desarrollo.

Industria nacional de armas

España es la décima exportadora de armas del mundo, un comercio que se ha ampliado notablemente en la década pasada. Al promover y facilitar este comercio, el gobierno contribuye al conflicto. Así, se puede dar la paradoja de que un médico cooperante pagado por los españoles esté curando una herida producida por armamento de fabricación nacional.

Las prioridades deben ser el desarrollo y la paz. Por ello, se debe regular estrictamente el comercio de armas y eliminar todo apoyo estatal a la industria. No se puede prohibir la existencia de la industria de armas, pero sí se pueden promover medidas que desalienten su desarrollo y que promuevan su reconversión hacia otras tecnologías útiles para el desarrollo y no para la masacre.

 Como partido parlamentario, defenderemos el control parlamentario y público sobre el comercio exterior de armas, la transparencia en la información relativa a la industria y el comercio y el seguimiento del material armamentístico exportado en el país de destino, desde una visión centrada en el desarrollo y fortalecimiento de mecanismos de control y disuasión al comercio y la industria.